El impacto de la Ley Bases en Tierra del Fuego

La reciente aprobación de la Ley Bases en el Senado argentino introduce reformas importantes. Expertos consultados por FINNOVA analizan su impacto en Tierra del Fuego

El 13 de junio de 2024, el Senado argentino aprobó el proyecto “Ley Bases”, la primera legislación sancionada bajo la presidencia de Javier Milei. Este paquete legislativo, que ahora regresa a la Cámara de Diputados para su revisión final, incluye 232 artículos y busca implementar reformas económicas y administrativas significativas. Entre las disposiciones más destacadas están la delegación de facultades al Ejecutivo, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la privatización parcial de empresas estatales y una reforma laboral.

La Ley Bases, de ser aprobada en diputados, otorgará al presidente Milei competencias extraordinarias por un año para tomar decisiones en áreas clave sin pasar por el Congreso. El RIGI propone beneficios impositivos y aduaneros para grandes inversiones, favoreciendo proyectos de más de 200 millones de dólares. Sin embargo, estas medidas han generado críticas y protestas por su impacto en las pequeñas y medianas empresas y en la estructura laboral del país. Desde FINNOVA, entrevistamos a expertos para entender cómo estas reformas afectarán a Tierra del Fuego, especialmente en relación al régimen de promoción industrial y la exención del pago de Ganancias, cuyos artículos fueron rechazados en el Senado pero aún deben ser revisados por la Cámara de Diputados.

Pablo Mocchi

Pablo Mocchi, presidente de Tecnomyl, destaca que ya se pueden identificar preocupaciones clave para el sector empresarial local. Señala que la reducción de aranceles de importación podría tener efectos mixtos. Beneficiaría a las empresas al reducir costos de insumos importados, pero plantea desafíos por la inseguridad jurídica y los constantes cambios en políticas estatales, lo que desalienta inversiones a largo plazo. “Es extremadamente difícil que alguien venga a hacer una inversión millonaria y a largo plazo con la inseguridad institucional que existe”, comenta.

Sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), observa que su efectividad está en duda. Aunque promete beneficios fiscales y aduaneros para proyectos superiores a 200 millones de dólares, Mocchi cuestiona su viabilidad en el actual contexto de incertidumbre económica. También menciona que la ley intenta promover empleo registrado y nuevas modalidades de trabajo, lo que podría ser positivo si se implementa correctamente.

Finalmente, expresa su preocupación por la posible reducción de los beneficios fiscales de la Ley 19.640 de promoción económica, fundamental para Tierra del Fuego desde 1970. “El régimen no es solo económico; también fomenta la soberanía nacional y protege derechos adquiridos hace muchos años”, subraya. La eliminación o reducción de estos beneficios, advierte, podría tener serias repercusiones para la región.

“El régimen no es solo económico; también fomenta la soberanía nacional y protege derechos adquiridos hace muchos años”

Pablo Mocchi – Presidente de Tecnomyl

Martín Schorr

Martín Schorr, Doctor en Ciencias Sociales y Magíster en Sociología ofrece una visión crítica sobre el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley de Bases. Según Schorr, este régimen implica un sacrificio fiscal significativo debido a las exenciones y reducciones impositivas, junto con una estabilidad fiscal garantizada por 30 años. “Esto conlleva un sacrificio fiscal enorme por exenciones impositivas y la estabilidad fiscal por 30 años”, afirma. A mediano y largo plazo, Schorr anticipa una salida de divisas que podría agravar los problemas de restricción externa del país.

Otro aspecto crítico mencionado por Schorr es la resolución de diferendos entre las empresas transnacionales y el Estado argentino en tribunales internacionales como el CIADI. “Hasta ahora, el 89% de los fallos en el CIADI fueron a favor del capital extranjero contra la Argentina”, comenta. Además, Schorr critica la falta de estímulo para los encadenamientos industriales, ya que las empresas tendrán libertad para importar gran parte de los equipamientos e insumos necesarios, en lugar de promover la sustitución de importaciones.

Finalmente, Schorr advierte sobre la posibilidad de que las empresas utilicen el RIGI para comprar otras empresas, fomentando la centralización del capital en lugar de realizar inversiones genuinas. “Las empresas van a poder ampararse en el RIGI para comprar otras empresas, lo que podría impulsar la centralización del capital y no en inversiones genuinas”, concluye, resaltando que esto se suma a la preocupación por la privatización de muchas empresas públicas bajo el nuevo esquema legislativo.

Daniel González

Daniel González, empresario y vicepresidente de la Cámara de Comercio, expresa que la reciente aprobación de la Ley Bases ha sido bien recibida por el sector comercial, alineándose con la posición nacional de CAME. “En líneas generales, la Cámara de Comercio ve con buenos ojos esta aprobación, dado que se trataron específicamente dos títulos relacionados a las PyMEs,” comenta. En particular, destaca el título número 4 sobre la promoción del empleo registrado, aunque reconoce que en Tierra del Fuego el empleo en negro es mínimo. Sin embargo, el capítulo 5 de modernización laboral es especialmente significativo para las PyMEs locales.

González resalta que la extensión del período de prueba es un avance positivo. “Los tres meses que había anteriormente eran muy pocos para conocer el desempeño de un empleado,” señala. “Desde la parte privada, lo que menos queremos es la rotación de personal porque son mayores costos, pero sí es necesario tener un tiempo más de conocimiento para saber básicamente el desempeño.” Además, menciona que las nuevas disposiciones sobre las indemnizaciones ofrecen una previsión útil, especialmente para las PyMEs, que a menudo enfrentan dificultades al tener que indemnizar a un colaborador.

Otro punto relevante es la flexibilidad para que una PyME pueda iniciar operaciones con hasta cinco colaboradores contratados sin que esto implique una carga laboral desde el inicio. “En los inicios hay muchos costos y responsabilidades, y sumar la responsabilidad de una indemnización es realmente complicado,” explica González. Este aspecto, según él, permitirá a las pequeñas empresas crecer libremente y sin mayores obstáculos. Confiado en que la Ley Bases pueda generar incentivos a las inversiones, González concluye: “Estamos muy confiados de que esta propuesta pueda derramar beneficios a todas las PyMEs del país, generando una reactivación económica que tanto necesitamos.”

“Estamos muy confiados de que esta propuesta pueda derramar beneficios a todas las PyMEs del país, generando una reactivación económica que tanto necesitamos.”

Daniel González – Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Ushuaia

Juan Pablo Deluca

Juan Pablo Deluca, economista fueguino y doctorando en Ciencias Sociales, señala que la Ley Bases no trae beneficios para Tierra del Fuego y cuestiona las privatizaciones propuestas en el proyecto. Recuerda que “muchas empresas privatizadas en los 90, como YPF y Aerolíneas Argentinas, fueron restatizadas por gestión deficiente. Nuestra provincia necesita una Aerolíneas de bandera con una mirada pública y de interés nacional”.

Además, objeta el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), explicando que no se alinea con las necesidades locales. “La promoción que conocemos a través de la Ley 19.640 está centrada en la industria y la tecnología, favoreciendo a empresas nacionales. En contraste, el RIGI busca atraer capitales extranjeros sin exigirles prácticamente nada a cambio,” explica.

Deluca finaliza cuestionando la lógica de estas inversiones extranjeras. “La promoción fueguina articula soberanía y desarrollo económico con un proyecto nacional. ¿La idea es sustituir la inversión nacional por extranjera en sectores estratégicos? Esto podría tener serias implicaciones para nuestra economía y soberanía,” concluye.

Ana Vainman

Para analizar el impacto de la Ley Bases en la industria de Tierra del Fuego, entrevistamos a Ana Vainman, Directora Ejecutiva de AFARTE. Vainman destaca la importancia de los incentivos a las inversiones en el sector privado, especialmente aquellos que permiten aprovechar las capacidades de la industria electrónica asentada en la provincia y diversificar la matriz productiva fueguina.

Vainman subraya que la ampliación de la matriz productiva debería enfocarse en fortalecer la relación con la producción automotriz del continente, así como en la fabricación de equipamiento médico, maquinaria agrícola, inteligencia artificial y economía del conocimiento. Además, resalta la importancia de la generación de energía a partir de fuentes renovables, las mejoras logísticas en el Atlántico Sur y la provisión de servicios para el frente antártico. “Todo lo que opere como un incentivo para las inversiones es bienvenido, especialmente si estas inversiones permiten diversificar y fortalecer nuestra economía,” comenta.

Las empresas fueguinas ya están tomando medidas proactivas para diseñar una nueva estrategia de crecimiento que permita esta diversificación productiva. En este contexto, se ha creado el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), que busca apoyar y financiar iniciativas que contribuyan a la diversificación y sostenibilidad económica de la provincia. “Este fondo es una clara señal de que las empresas locales están comprometidas con el desarrollo de nuevas áreas productivas, asegurando un futuro más resiliente y diverso para Tierra del Fuego,” explica Vainman.

Alejandro Pagano Zavalía

Alejandro Pagano Zavalía, abogado, cofundador de FINNOVA y socio en KPZ Abogados, destaca aquellos cambios introducidos por la Ley Bases vinculados a la modernización del estado. Pagano Zavalía subraya que uno de los aspectos más valiosos y progresivos en términos de innovación y derechos es la incorporación del artículo 8 bis a la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo.

Este artículo prevé que, en cuestiones tarifarias y de regulación de servicios públicos donde las leyes exijan la participación de usuarios y consumidores, se debe celebrar una consulta popular. Esta consulta debe garantizar el acceso a información adecuada, veraz e imparcial, y proporcionar a los interesados la posibilidad de exponer sus opiniones de manera amplia y dentro de plazos razonables. Pagano  Zavalía considera esta inclusión como un paso adelante en la participación ciudadana y un ejemplo de cómo las leyes pueden adaptarse para fortalecer la democracia participativa.

“Si bien la Ley Bases estaría modificando la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, considero que podría ser un buen disparador para que nuestra provincia siga el ejemplo y prevea una herramienta similar mediante la correspondiente reforma de la Ley provincial,” añade Pagano Zavalía. El abogado explicó finalmente que en el contexto de la emergencia energética declarada en nuestra provincia, la implementación de este tipo de consultas populares podría ser fundamental para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan directamente su vida cotidiana

Fermín Randón Salgado

Fermín Randón Salgado, abogado y escribano, funcionario judicial en el Juzgado Federal de Río Grande, destaca que la Ley Bases introduce reformas significativas en economía, estructura laboral y privatizaciones. Subraya la importancia del régimen de promoción industrial de la Ley 19.640, que ha sido clave para el crecimiento industrial en Tierra del Fuego, y afirma: “La nueva Ley Bases reconoce la importancia de este régimen y no compromete su continuidad.”

También menciona cambios en los períodos de prueba y condiciones laborales. “La extensión de los períodos de prueba puede afectar la estabilidad laboral, pero la continuidad del régimen fiscal especial podría mitigar estos efectos al mantener la atracción de inversiones y empleos,” explica, aunque advierte sobre el impacto a largo plazo en el mercado laboral. Respecto a las privatizaciones, expresa preocupación por la infraestructura y los servicios esenciales. “La conectividad de nuestro territorio es una de sus mayores desventajas, y la protección de las rutas aéreas no es únicamente una cuestión de mercado,” comenta, y añade que la privatización de servicios de energía y gas requiere un monitoreo cuidadoso para proteger los intereses de la población local.

Finalmente, enfatiza la necesidad de monitorear y adaptar las políticas para asegurar que las reformas no perjudiquen el desarrollo económico y social de la provincia. “La protección de las exenciones fiscales y la consideración de las particularidades de la provincia son pasos positivos, pero es crucial mantener un marco regulatorio que promueva el crecimiento económico sin aumentar la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos,” concluye.

Ricardo Forgione Tibaudin

Ricardo Forgione Tibaudin, prestador de servicios informáticos y presidente de Republicanos Unidos en Tierra del Fuego, resalta la importancia de esperar la aprobación total de la ley. “Por ahora tiene media sanción de diputados, media sanción de senadores con modificaciones a los artículos. Como dice la Constitución, tiene que volver a la Cámara de Diputados que puede insistir con el proyecto que envió oportunamente al Senado,” explica. Forgione destaca que la ley original del ejecutivo tenía más de 600 artículos, muchos recortados en ambas cámaras. “Nos gustaría que se insista con la de Diputados que es más cercana a la original,” añade. Subraya la importancia de permitir al presidente “levantar el cepo cambiario y reducir impuestos distorsivos” para atraer inversión.

Sobre la eliminación del cepo cambiario y la dolarización, Forgione comenta: “Existe seria posibilidad de que si no pasamos a una dolarización establecida por el Estado, pasemos a una dolarización de hecho.” También menciona la delegación de facultades por un año para emergencias y reestructuración de organismos públicos, con posibilidad de privatizar empresas públicas.

Finalmente, se refiere al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece facilidades por 30 años para grandes inversiones, garantizando estabilidad jurídica. “La mayor parte de las condiciones están ahora; hay que implementarlas y esperamos que la oposición no obstaculice,” concluye.

Juan Ignacio García

Juan Ignacio García, economista y docente en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), ofrece una perspectiva crítica sobre el impacto del proyecto de Ley Bases en la región. Según García, el proyecto cristaliza una matriz productiva nacional basada en el extractivismo, lo cual es preocupante porque los recursos naturales deberían estar al servicio de un proyecto de desarrollo más integral que incorpore tecnología, industria y proveedores nacionales. “Este aspecto no está cuidado en este proyecto de ley”, comenta García, subrayando la necesidad de un enfoque más equilibrado.

En cuanto a Tierra del Fuego, García señala que algunos artículos que podrían haber perjudicado directamente a la provincia, como la reducción del gasto tributario y la posible instauración del impuesto a las ganancias, no avanzaron en el Senado. “En principio, esas dos cuestiones de incidencia directa en la provincia hoy no estarían teniendo curso”, explica. Sin embargo, menciona que los incentivos del RIGI podrían tener efectos positivos en proyectos locales importantes, como el desarrollo de Hidrógeno Verde, el puerto, y el sector energético y petroquímico. Estas áreas podrían beneficiarse de inversiones significativas debido a los incentivos propuestos.

García también expresa su preocupación por las desregulaciones del mercado laboral incluidas en la ley. Aunque reconoce que algunas flexibilidades pueden ser útiles para el desempeño de los sectores industriales, advierte sobre la importancia de mantener obligaciones laborales, especialmente en una provincia donde el empleo en relación de dependencia está muy vinculado a las fábricas. “Es muy importante que se exija a las fábricas mantener situaciones regulares y cumplir con sus obligaciones”, afirma. Además, señala un punto preocupante del proyecto de ley que da prioridad a las empresas inversoras en el uso de recursos escasos, lo que podría tener implicaciones graves para la comunidad local en caso de restricciones futuras.

Javier Carranza Torres

Javier Carranza Torres, economista y experto en datos, comparte su perspectiva sobre el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Bases en las provincias patagónicas. Destaca que aunque estas legislaciones tienen el potencial de atraer inversiones significativas en sectores como energía, minería, infraestructura y agroindustria, no serán suficientes por sí solas para transformar la economía austral.

Carranza Torres enfatiza que para atraer verdaderamente inversiones “greenfields” o fondos nuevos que no estaban presentes anteriormente, se necesitan condiciones específicas que vayan más allá de los incentivos fiscales. “Se requieren estudios de prefactibilidad y garantías locales de estabilidad para que un fondo financiero decida explorar y explotar recursos naturales”, explica. Además, subraya la importancia de contar con información detallada proveniente de datos geoespaciales y otras herramientas de planificación para prevenir riesgos innecesarios.

Finalmente, Carranza Torres menciona que el éxito de estas iniciativas dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno provincial para competir por inversiones cada vez más esquivas. “Los estudios demandados por los inversores, como mapas geológicos detallados y datos de sistemas de información, son clave para un desembarco efectivo. Dependerá del gobierno de la provincia decidirse a competir por estas inversiones”, concluye.

Futuro de Tierra del Fuego

La aprobación de la Ley Bases marca un punto de inflexión en la política económica y administrativa de Argentina. Los expertos consultados por FINNOVA destacan tanto las oportunidades como los desafíos que esta legislación podría traer a Tierra del Fuego. Si bien algunos aspectos, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, buscan atraer capital y fomentar el crecimiento, persisten preocupaciones sobre la estabilidad laboral, la continuidad del régimen de promoción industrial y la soberanía económica.

A medida que la Cámara de Diputados revisa la legislación, será crucial observar cómo se abordan estos temas y qué modificaciones, si las hay, se implementan para equilibrar el desarrollo económico con las necesidades específicas de Tierra del Fuego.