16.06.2025
Dos medidas recientes del Poder Ejecutivo generan interrogantes sobre el futuro de la industria fueguina. Especialistas consultados por FINNOVA analizan las implicancias de los decretos y su proyección en términos de desarrollo, empleo y soberanía.
Medidas que reconfiguran el escenario industrial
El 20 de mayo de 2025, el Gobierno Nacional publicó los Decretos 333/2025 y 334/2025, que introducen cambios relevantes en el régimen de impuestos y comercio vinculado a la industria electrónica. El primero reduce aranceles a la importación de productos tecnológicos y baja impuestos internos, incluso para bienes fabricados en Tierra del Fuego. El segundo establece un régimen simplificado de pequeños envíos para consumidores finales, permitiendo la venta directa desde la isla al continente.
Ambas medidas fueron presentadas como mecanismos de “desburocratización” y fomento del consumo, pero generan profundas repercusiones en una provincia cuyo régimen promocional –Ley 19.640– es eje central de su desarrollo económico y geopolítico.
Desde FINNOVA, consultamos a referentes de distintos sectores para comprender mejor los efectos presentes y futuros de esta normativa en Tierra del Fuego.
Alejandra Man – Secretaria de Industria y Promoción Económica de Tierra del Fuego
Diseñadora industrial, funcionaria del Ejecutivo provincial, Alejandra Man advierte que la medida genera una “profunda preocupación en gran parte de la comunidad fueguina”, especialmente por el posible impacto negativo sobre el empleo directo e indirecto en la industria electrónica. Según cifras oficiales, más de 8.600 personas están empleadas en el régimen de promoción industrial, de las cuales alrededor del 34% se dedica a la producción de celulares.
“La baja de impuestos internos puede entenderse como un pedido del sector industrial para reducir costos, pero la reducción del arancel del 16% al 0% en celulares es una amenaza concreta para la competitividad local.”
Advierte también que si las empresas no logran adaptarse, podrían cerrarse líneas productivas y perderse empleos calificados. En el escenario más negativo, podrían iniciarse sumarios por incumplimientos de los compromisos asumidos bajo el régimen promocional.
Sobre el Decreto 334/2025, Man destaca que la habilitación de la venta directa desde Tierra del Fuego al continente implica un reconocimiento implícito del gobierno nacional sobre la competitividad de la producción local. Esta medida permitiría evitar intermediarios que encarecen el producto, pero plantea múltiples desafíos logísticos y comerciales.
“Que se permita la venta directa demuestra que el valor FOB de nuestros productos es competitivo. Pero eso no resuelve automáticamente la implementación del régimen.”
Surgen entonces una serie de interrogantes clave: ¿Las empresas están interesadas, y/o tienen las capacidades, para abrir nuevas unidades de negocios dedicadas a la comercialización? ¿Las que hoy producen para terceros podrán establecer acuerdos para vender directamente? ¿Qué ocurrirá con las empresas de menor escala que no puedan adaptarse? ¿El sistema logístico fueguino puede abastecer la demanda continental? ¿La aduana tiene la capacidad operativa para este nuevo canal? ¿Este esquema permitirá realmente bajar los precios al consumidor?
En cuanto al impacto en precios al consumidor, Man es clara:
“La baja de aranceles no garantiza una baja en góndola. El problema no es el costo de fabricación, sino los márgenes de comercialización, logística y otros cargos que encarecen el producto hasta en un 300%”.
Explica que el valor FOB de los productos fueguinos representa apenas entre el 25% y el 40% del precio final, siendo el resto atribuible a costos logísticos, impuestos nacionales, comercialización y márgenes de ganancia.
Ejemplo: Estructura de costos de un celular de gama media (fabricado en Tierra del Fuego
Desde el punto de vista fiscal, aunque la medida no afecta directamente los ingresos provinciales, sí puede impactar sobre la recaudación si cae el volumen de producción y empleo. Tierra del Fuego recaudó en 2025 más de $80.000 millones en tributos provinciales vinculados al régimen industrial. El 20,5% del presupuesto provincial proviene de la industria promovida.
A su vez, alerta que la eliminación de aranceles no modifica formalmente el régimen fueguino, pero sí erosiona su sostenibilidad, al debilitar la competitividad de los productos nacionales frente a los importados.
Sobre la posibilidad de reconversión, destaca que ya existen políticas para diversificar el aparato productivo, pero subraya que deben ser progresivas y sustentadas en las capacidades existentes. Menciona sectores como economía del conocimiento, logística, alimentos diferenciados y turismo como áreas emergentes. El rol del sector privado será clave en inversión, innovación y articulación con el sistema científico.
“La reconversión del aparato productivo fueguino no solo es posible, sino deseable, siempre que se construya sobre los aprendizajes y capacidades existentes.”
En cuanto a la convivencia entre apertura comercial y fortalecimiento industrial, subraya la necesidad de previsibilidad normativa e incentivos claros: “Sin políticas sostenidas, ninguna industria puede desarrollarse con estabilidad”.
Frente a propuestas de reconversión productiva que no consideran el contexto geopolítico ni la persistente ocupación británica en las Malvinas, o los recientes conflictos por temas limítrofes con el país vecino, resulta clave sostener y ampliar las herramientas que favorecen el crecimiento endógeno de la provincia.
“La política industrial no puede estar desvinculada de la cuestión geopolítica. Tierra del Fuego es frontera estratégica. El régimen no solo genera empleo: afirma soberanía.”
Dirigiéndose a la comunidad fueguina, concluye:
“No vamos a dejar que nos arrebaten lo que supimos construir con tanto esfuerzo. Porque si algo sabemos hacer los fueguinos, es levantarnos, organizarnos y seguir adelante.”
Ana Vainman – Directora Ejecutiva de AFARTE
Desde su rol al frente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), Ana Vainman considera que de las tres medidas principales anunciadas por el Gobierno Nacional, dos pueden leerse en clave positiva: la baja de impuestos internos, que ayuda a reducir el denominado “costo argentino” a lo largo de la cadena de valor, y la posibilidad de courier directo desde Tierra del Fuego al continente. Esta última aún está en evaluación, pero se interpreta como potencialmente beneficiosa.
“Todo aquello que beneficie la comercialización es positivo. Pero la baja de aranceles es una medida que sabemos puede complicar. Ya ocurrió con las notebooks, que dejaron de fabricarse y se perdieron empleos.”
Vainman advierte que, tal como ocurrió en el pasado, el antecedente de liberalizaciones similares genera una legítima preocupación.
La baja de aranceles, sostiene, no garantiza una baja automática de precios. “No es inmediato ni matemático. Hay que ver cómo se comporta el mercado, qué márgenes busca el importador, qué precios convalida el consumidor”.
Señala que el costo argentino involucra no solo impuestos, sino también logística, comercialización y costos financieros, entre otros factores que inciden en el precio final.
Consultada sobre el impacto económico regional, Vainman advierte que aún no hay claridad sobre cómo afectarán estas medidas a la recaudación del Estado nacional. Sin embargo, plantea una preocupación concreta relacionada con la balanza comercial:
“Para importar un producto terminado se necesitan más dólares que para fabricarlo, incluso con insumos importados. En un país con escasez de divisas, eso no es un detalle menor.”
En este sentido, alerta sobre los efectos indirectos que pueden tener estas decisiones sobre la sostenibilidad del régimen fueguino. Señala que hay dos formas de comprometer su funcionamiento: modificando la normativa de beneficios fiscales o debilitando su competitividad, como en este caso, a través de la reducción de aranceles.
“La baja de aranceles es una forma de complicar al régimen de Tierra del Fuego porque atenta contra su sustentabilidad. Pero lo mismo le pasaría a cualquier sector industrial nacional sometido a una competencia desleal por importaciones.”
A esto se suma una dimensión que trasciende lo económico. Vainman sostiene que cualquier medida que afecte la capacidad de generar empleo y, con ello, arraigo en el territorio fueguino, impacta de lleno sobre la soberanía nacional.
“Siempre decimos que las decisiones en Tierra del Fuego no deben tomarse exclusivamente con el Excel de la economía, sino contemplando otros factores, como la soberanía y la estrategia geopolítica.”
En cuanto al posicionamiento estratégico, Vainman insiste en que la dimensión geopolítica no puede quedar fuera del análisis. La continuidad del régimen industrial fueguino no solo se vincula a variables económicas, sino a la presencia efectiva del Estado en un territorio clave:
“El régimen fueguino busca generar empleo, y con él, arraigo. Y el arraigo, soberanía. Medidas que van en dirección contraria, complican la soberanía nacional.”
Concluye que las decisiones que afectan a Tierra del Fuego deben pensarse más allá del “Excel económico”, incorporando criterios estratégicos y geopolíticos que refuercen el rol de la provincia como enclave de soberanía en el Atlántico Sur.
Vainman prefiere hablar de ampliación antes que de reconversión.
“No se trata de reemplazar industrias, sino de sumar. Ampliar la matriz productiva significa sostener el empleo existente y sumar nuevas actividades con mayor sustentabilidad.”
Destaca el papel del FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina) como instrumento clave, y menciona proyectos concretos en marcha como la producción de mejillones en Bahía Almanza y alimentos para cruceros en Ushuaia. “El sector privado está comprometido con este camino.”
Sobre la posibilidad de un modelo mixto con apertura comercial y fortalecimiento regional, sostiene: “Nos parece un gran desafío, pero estamos dispuestos a sentarnos en una mesa y trabajar en esa dirección. ¿Por qué no?”
Y concluye con un mensaje a la sociedad:
“Nosotros integramos la comunidad fueguina. Entendemos la preocupación y la compartimos. Estamos trabajando intensamente para buscar soluciones.”
Juan Pablo Deluca – Presidente de Río Grande Activa
Economista y referente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca destaca que el cambio más inmediato es el cese de producción de celulares de gama baja y media, una línea clave dentro del entramado productivo de la ciudad de Río Grande. Advierte que aunque existe un acuerdo de no despidos hasta el 31 de diciembre, ese compromiso no cubre el escenario de 2026, cuando los aranceles bajen definitivamente a cero.
“En términos positivos, quizá lo único es que se pone la lupa sobre la cadena de comercialización. Pero en lo productivo, no hay casi nada para destacar.”
Deluca interpreta la medida como una señal política negativa hacia el régimen de promoción, que desalienta inversiones futuras: “Con declaraciones como las de Struzenegger o Caputo, nadie va a invertir más en Tierra del Fuego.”
“Lo que hay desde el Gobierno Nacional no es un plan de reconversión, sino un plan de destrucción del empleo y despoblamiento de una provincia estratégica como Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con epicentro en ciudades como Río Grande.”
Deluca se muestra escéptico ante la promesa de que la baja de aranceles traerá precios más bajos. Cita el antecedente de las notebooks durante el gobierno de Macri: “No bajaron los precios. Lo único que bajó fue el empleo y la producción.”
Agrega que hay factores macroeconómicos que afectan directamente al precio final. En particular, señala la apreciación cambiaria como uno de los elementos que encarece los productos locales cuando se los expresa en dólares.
“Durante 2023, un estudio de Fundar mostró que la producción fueguina abarataba hasta un 35% los celulares respecto de los importados. No encarece, como muchos dicen: abarata.”
Deluca recuerda que la Tasa de Verificación Productiva representa hasta un 20% de los recursos propios del gobierno provincial, un nivel comparable al de las regalías petroleras, lo que da cuenta de su importancia estratégica. La afectación de esta recaudación impactaría directamente en áreas como infraestructura, salud y educación.
También remarca que la eliminación de aranceles implica una señal política de desvalorización hacia el modelo productivo fueguino. Señala que no se están reconociendo las capacidades tecnológicas, organizativas y logísticas construidas en los últimos 50 años, lo que representa un grave retroceso para el entramado productivo y el tejido social de la provincia.
“No se están valorando las capacidades instaladas en la provincia: producción a escala, articulación público-privada, relaciones con proveedores internacionales, desarrollo tecnológico en condiciones geográficas extremas. Eso se está queriendo desarmar en nombre de intereses que no son nacionales.”
Además, Deluca vincula la política industrial directamente con el posicionamiento geopolítico del país: “La industria fueguina permitió poblar, trabajar y desarrollarse a una comunidad en uno de los territorios más australes del planeta, a solo 600 km de las Islas Malvinas. Cualquier política que debilite eso, debilita también nuestra soberanía.”
Además, vincula la política económica actual con una desvalorización del esfuerzo colectivo y las capacidades construidas durante 50 años de régimen fueguino: “No se están valorando las capacidades instaladas en la provincia: producción a escala, articulación público-privada, relaciones con proveedores internacionales, desarrollo tecnológico en condiciones geográficas extremas. Eso se está queriendo desarmar en nombre de intereses que no son nacionales.”
Deluca plantea una mirada de largo plazo vinculada no solo a la Isla Grande de Tierra del Fuego, sino a todo el territorio de la provincia: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Sostiene que el desarrollo productivo fueguino debe pensarse como una política de soberanía extendida, con proyección hacia la logística atlántica, la economía azul, la provisión antártica y la economía del conocimiento.
Recuerda que durante la prórroga del subrégimen industrial se diseñaron lineamientos concretos que apuntan a fortalecer estas áreas mediante el FAMP (Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina), identificando cinco sectores estratégicos: turismo, logística antártica y atlántica, producción de alimentos frescos, economía del conocimiento y valor agregado energético. Todos ellos, afirma, permiten vincular las capacidades instaladas en la Isla Grande con oportunidades de negocio y soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.
“El sector privado es fundamental para jugar el futuro del Atlántico Sur y la Antártida. Hemos desarrollado capacidades públicas, pero hoy el protagonismo debe ser compartido y ampliado.”
Deluca también destaca que existen actividades como la pesca en altura o el abastecimiento a cruceros que ya son competitivas sin protección arancelaria, lo que demuestra que es posible avanzar en esquemas de apertura gradual y planificada, diferenciando sectores según su nivel de madurez y proyección regional.
“Sí se puede pensar un modelo mixto, pero no destruyendo lo que existe. Hay que hacerlo por etapas, acompañando a cada sector para ganar competitividad.Debe hacerse por etapas, sector por sector. Lo que no se puede hacer es destruir lo que ya existe.”
Apelando al orgullo y la historia de Tierra del Fuego comparándola con la forma de hacer presencia del Reino Unido en el Atlántico Sur explica : “Tenemos otra lógica: en vez de invertir en presencia militar como hace el Reino Unido que gasta prácticamente lo mismo 800,000,000 de dólares, no de gasto tributarios, impuestos, sino gastos directos para el mantenimiento del aparato militar, nosotros apostamos al desarrollo productivo con el sector privado. Eso también es soberanía.”
Enumera sectores estratégicos definidos en el marco del FAMP y el rediseño del régimen: logística y turismo antártico, economía del conocimiento, pesca y alimentos frescos.
“Ampliar la matriz productiva no es solo una idea: ya existen proyectos e inversiones que avanzan en esa dirección. El sector privado tiene un rol clave en jugar el futuro del Atlántico Sur.”
Cierra con un mensaje firme a la comunidad:
“El pueblo fueguino tiene que seguir organizándose. Tenemos una identidad construida en el trabajo y en la soberanía. Sabemos producir a nivel internacional, pero también sabemos resistir. Somos un pueblo que no se va a ir.”
Paulino Rossi – Contador y abogado, especialista en estrategias públicas y empresariales
Rossi analiza que la baja de aranceles genera una tensión sobre el esquema productivo vigente, pero también abre una oportunidad si se logra aumentar el volumen de producción y mejorar la eficiencia.
“Los márgenes van a bajar, por eso la única forma de sostenerse es aumentando cantidades. Si se vende más, se puede compensar el menor margen.”
Admite que la gama baja de celulares será difícil de sostener, pero sostiene que hay margen para continuar con productos de mayor valor agregado, como los de gama alta, aprovechando ventajas actuales del régimen fueguino: exención de impuestos internos, reintegros de IVA y beneficios de ganancias.
“Seguimos teniendo ventajas competitivas muy interesantes. Pero también hay que hacer un mea culpa: criticamos la baja de aranceles, pero ignoramos que en Tierra del Fuego tenemos una presión impositiva provincial altísima.”
Explica que la única manera de salir adelante que tienen las empresas es aumentar las cantidades producidas debido a que los márgenes de rentabilidad van a bajar, cuestión de que se podría hacer porque hay una baja de precios por parte del producto que hace que los consumidores podrían consumir más a nivel nacional. También alerta en ver la eficiencia de la fábrica con respecto al costo salarial, ya que tener un tipo de cambio tan bajo en este contexto económico hace que el costo de la mano de obra argentina sea muy alta en términos internacionales.
En ese sentido, cuestiona duramente la carga de Ingresos Brutos, la Tasa de Verificación de Procesos Productivos y el FAMP, al que califica de fondo distorsivo, opaco y perjudicial para la competitividad.
“Más de 200 millones de dólares acumulados en el FAMP que no se aplican en la economía fueguina. Eso hay que eliminarlo urgente si queremos amortiguar el impacto de los aranceles.”
Rossi plantea que, a diferencia de otras ocasiones, esta vez la baja arancelaria puede reflejarse en el precio final, sobre todo porque no hay restricciones de divisas como ocurrió en el pasado.
“Un impuesto directo como el arancel, si se elimina, va a bajar el precio. No hace falta un máster en economía para entender eso.”
Sin embargo, advierte que hay múltiples factores que encarecen el precio final, entre ellos la presión tributaria provincial, la logística costosa y un tipo de cambio que encarece la mano de obra argentina en términos internacionales.
“Tenemos entre un 8% y un 10% de impuestos provinciales que encarecen el proceso. Eso es insostenible.”
Sobre el impacto fiscal, Rossi sostiene que el verdadero problema estructural no es la caída de la recaudación, sino el tamaño del gasto público provincial.
“El problema de Tierra del Fuego no es lo que recauda, es lo que gasta. Con la incorporación de 6.000 personas al Estado provincial, estamos ante un barril sin fondo.”
Aclara también que no debe confundirse la eliminación de aranceles con una derogación del subrégimen promocional: son planos distintos que interactúan, pero no se solapan.
“La Ley 19.640 sigue vigente y el Gobierno Nacional ha dado señales claras de sostenerla. No mezclemos régimen promocional con aranceles.”
Frente a la situación actual, Rossi promueve una lectura pragmática y evolutiva. Afirma que Tierra del Fuego debe adaptarse a un mundo en cambio constante, tal como lo hizo en el pasado al reconvertirse desde la producción de CDs y VHS a tecnología de consumo.
“Si pensamos que vamos a mantenernos con las mismas reglas de hace 40 años, vamos a desaparecer. Hay que tener una mirada moderna, realista y proactiva.”
Rechaza los planteos políticos que obstaculizan la inversión, y considera que hay condiciones estratégicas para reconvertir el aparato productivo provincial hacia sectores vinculados a la energía, el procesamiento de datos y los recursos naturales.
“Tierra del Fuego tiene reservas energéticas que podrían destinarse al procesamiento de datos en un mundo donde eso es clave. Hay oportunidades, pero hay que dejar la demagogia y trabajar.”
Respecto a la importancia geopolítica en cuestión, si bien el subrégimen tiene una estrategia de legitimidad territorial, Rossi entiende que el problema es económico y cuando se lo atraviesa con conceptos más abstractos pueden nublar la razón y llevar la discusión sin una base científica, que fue el gran problema del arco político de Tierra del Fuego en esta última reacción.
Sobre el equilibrio entre apertura comercial y fortalecimiento regional, concluye:
“No solo es posible: es inevitable. Todos los países que lograron mejores condiciones de vida lo hicieron integrándose al mundo, con lo cual tenemos la obligación de ver de qué manera explotamos nuestros recursos naturales, energéticos y los beneficios impositivos”.